En Colombia, el discurso gubernamental de desarrollo y paz ha estado estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la militarización de los territorios; la cual toma forma mediante políticas como la Recuperación Social del Territorio, el Plan Nacional de Consolidación Territorial, la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y también, con el proceso actual de restitución de tierras (Capítulo III Título IV Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras).
Si tenemos en cuenta el origen del Plan Nacional de Consolidación como “una iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional”, vemos que el enfoque principal de la consolidación es la militarización de los territorios para defender los intereses inversionistas en regiones sumamente estratégicas. Por este motivo no es de extrañar que las zonas para la implementación de la política de restitución, conocidas como macrofocalización, las defina el Consejo de Seguridad Nacional. Al interior de estas zonas, se microfocaliza en municipios donde se inicia el trámite de Registro de Tierras según el gobierno “de acuerdo con los criterios de densidad del despojo y las condiciones de seguridad y retorno”, la densidad la determina la Unidad de Restitución y las condiciones de seguridad por el Ministerio de Defensa.
¿Cómo se restituye cuando la presencia estatal se reduce a la militarización de los territorios? ¿Qué papel tiene en el proceso de restitución un Ministerio de Defensa que sigue en la lógica contrainsurgente de involucrar la sociedad civil dentro del conflicto armado?
Al control militar del territorio por parte de la Fuerza Pública se suma que en 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial ha habido un incremento de la presencia paramilitar[1]. Lo evidencia así el informe sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012 hace público que “se ha conocido información que refiere a la presencia de hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (…) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.”
Estas evidencias de la persistencia de las estructuras paramilitares en el país, se constituyen en un obstáculo estructural para que las víctimas puedan participar y acceder a la política de restitución anunciada por el Gobierno Nacional, y a un retorno con garantías de no repetición.
¿Cómo hablar de restitución si en la última semana de enero de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una[3]?
La restitución debe garantizar la reparación integral a las víctimas, como también, el uso, usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio y la identificación de los verdaderos beneficiarios del despojo.
[1] “VII Informe sobre narco paramilitarismo y guerrilla” INDEPAZ, febrero de 2012.
[2] “Hay 1.400 denuncias por asedio a líderes de tierras” El Colombiano, 7 de diciembre de 2012.
[3] “Rindiendo Cuentas” El Espectador, enero 26 de 2012 .
Fuente: http://justiciaypazcolombia.com