La Contraloría General de la República dirigió un control de advertencia al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, alertando sobre los riesgos que tiene para la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) no haber incluido en el presupuesto del 2013 una partida que asegure el nombramiento de defensores de oficio en todo el país.
La contralora, Sandra Morelli, recordó que está previsto que la Defensoría del Pueblo nombre los defensores de oficio, dado que las víctimas, en su gran mayoría, necesitan asistencia jurídico-técnica.
“Son personas que por muchas razones no pueden postular su derecho de manera autónoma ni individual y es muy importante que el Estado remueva los obstáculos objetivos y materiales para que se garantice efectivamente su acceso a la justicia y a todo el sistema de indemnización”, explicó.
La funcionaria agregó que, con ese fin, se había previsto que la Defensoría tuviera unos recursos adicionales para nombrar a los defensores de oficio.
Finalmente, indicó que es necesario girar unos recursos cuantiosos para que la ley sea una realidad y se mostró confiada en que pueda haber una reasignación presupuestal razonable.
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